Dilmar Villena es director de Hiperderecho. En esta entrevista sostiene que prevenir la violencia digital requiere acompañamiento familiar, educación y mayor responsabilidad de las plataformas, sin comprometer la privacidad ni la libertad de expresión.
¿Cómo ha cambiado la violencia contra niñas, niños y adolescentes con el uso extendido de las redes sociales, los videojuegos y otras plataformas digitales?
La exposición de niñas, niños y adolescentes a la violencia es un problema anterior a los entornos digitales. Sin embargo, las tecnologías potencian estos riesgos y facilitan el contacto entre posibles agresores y menores de edad. En la medida que, para relacionarse con el exterior, ahora los menores no necesitan necesariamente la mediación o presencia de sus padres o cuidadores, eso puede exponerlos a personas que buscan ejercer violencia. En ese sentido, podríamos decir que las tecnologías potencian riesgos que tienen un origen social y reducen los costos para los agresores, tanto para contactar a posibles víctimas como para evitar la persecución de las autoridades.
¿Qué formas de violencia digital afectan a niñas, niños y adolescentes y en qué plataformas se presentan?
Los tipos de violencia varían según quién los ejerce. Cuando se trata de violencia entre pares, como el ciberbullying o el acoso entre compañeros, suele manifestarse en las redes sociales y plataformas que marcan tendencia en cada momento. Por ejemplo, antes se utilizaba más Facebook; pero los espacios han cambiado con las preferencias de los adolescentes. En el caso de los adultos, estos buscan inmiscuirse y contactar a los menores de edad principalmente a través de plataformas que normalmente pueden usarse de forma abierta, como Instagram, TikTok y otras redes sociales. También ocurre que los agresores falsean su identidad y se hacen pasar por menores para acercarse a ellos en plataformas o videojuegos que usan principalmente niñas, niños y adolescentes, como Roblox o Free Fire. Estos contactos pueden derivar en explotación sexual, chantaje sexual o acoso.
Actualmente las plataformas permiten denunciar contenidos y bloquear usuarios. ¿Considera que eso es suficiente o deberían asumir una mayor responsabilidad para prevenir la violencia y la captación con fines sexuales?
Creo que los mecanismos de denuncia y bloqueo que ofrecen actualmente las plataformas pueden ser insuficientes, ya que, si se da de baja una cuenta que representa un riesgo para un menor de edad, el usuario puede crear otra y continuar con su conducta.
Sin embargo, las plataformas pueden adoptar medidas adicionales, especialmente frente a los contenidos públicos. Por ejemplo, en Facebook se sabe que existen grupos abiertos donde se habla de explotación sexual utilizando jergas para ocultar estas actividades, y en esos casos, es razonable exigir que las plataformas actúen y hagan algo, sobre todo cuando reciben denuncias o alertas sobre la existencia de estos grupos.
Al mismo tiempo, es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de niñas, niños y adolescentes y el respeto de los derechos de las personas, pues si las plataformas revisaran todos los mensajes para detectar posibles casos de violencia, también estarían vigilando las conversaciones de todos los usuarios, incluso cuando no existan sospechas de un delito. Esto podría generar una vigilancia intrusiva en la que toda la sociedad sea tratada como sospechosa.
En este escenario ¿qué papel cumplen los algoritmos y la publicidad en la exposición de menores a la violencia digital?
Los algoritmos recomiendan contenidos a partir de las interacciones de cada usuario. Sin embargo, no deberían funcionar de la misma manera para una persona adulta que para un menor de edad, pues niñas, niños y adolescentes necesitan una protección especial frente a determinados contenidos. En el Perú, incluso existen leyes que los protegen de la exposición a ciertos contenidos.
El problema surge cuando un menor comienza a interactuar con determinados contenidos y el algoritmo le recomienda otros similares, lo que puede aumentar su exposición a situaciones de violencia o explotación sexual e incluso contribuir a normalizar ciertas conductas. Estos riesgos no siempre se presentan de forma explícita. Por ejemplo, hay influencers que muestran una vida de viajes y lujos y luego recomiendan plataformas o mecanismos para conseguir ese estilo de vida que, tras una investigación, podrían estar vinculados con la trata de personas. Si un adolescente sigue esas cuentas, puede recibir cada vez más recomendaciones similares, como plataformas para conocer personas que ofrecen dinero, y exponerse a mensajes que lo empujen hacia situaciones de abuso.
También aparecen anuncios pagados en plataformas como TikTok que ofrecen trabajo o prometen ganar dinero e invitan a seguir una cuenta o ingresar a un enlace. Estas publicaciones pueden parecer inofensivas al principio, pero también pueden funcionar como mecanismos de captación. Por eso, es importante prestar atención no solo a los contenidos que muestran violencia de manera directa, sino también a aquellos que, mediante las recomendaciones y la publicidad de las plataformas, pueden exponer indirectamente a los menores a situaciones de explotación.
En el Congreso se propone establecer en 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales. ¿Qué tan efectiva sería esta medida para reducir la violencia en línea?
Restringir el acceso a menores de 16 años podría producir resultados contrarios a los esperados. Las redes sociales forman parte de la vida y la sociabilidad de los adolescentes. Si se prohíbe su acceso, podrían utilizar VPN —redes privadas virtuales— para conectarse como si estuvieran en otro país, o recurrir a mecanismos alternativos. Todo eso podría dificultar el diálogo sobre el uso responsable de las plataformas, ya que, si un menor está haciendo algo prohibido, puede resultarle más difícil conversarlo con sus padres, cuidadores o profesores y pedir orientación para usar internet de manera segura. Los riesgos existen tanto en la calle como en los entornos digitales; la solución no es prohibir que los adolescentes salgan, sino acompañarlos con información, orientación y supervisión parental o de sus cuidadores.
Los adolescentes también utilizan estas plataformas para socializar, informarse y aprender. ¿Una prohibición limitaría tanto los riesgos como sus oportunidades?
Efectivamente. Un adolescente puede utilizar YouTube para encontrar información que no recibe en el colegio o profundizar en temas que le interesan, como la ciencia. Si se prohíbe el acceso a las redes sociales para protegerlo de la violencia, la restricción no distinguiría entre los contenidos perjudiciales y aquellos que pueden contribuir a su aprendizaje.
Además, hay otro debate, ¿cómo pueden las plataformas verificar la edad de los usuarios sin afectar el derecho a la privacidad y la protección de datos personales?
Así es. Si se establece que solo las personas mayores de 16 años pueden acceder a las redes sociales, primero hay que verificar quiénes cumplen esa edad. Esto implica definir cómo identificar a los usuarios. Una posibilidad sería utilizar registros de identidad, como los de Reniec, pero vincular el acceso a internet con el DNI podría afectar la libertad de expresión. Actualmente, la posibilidad de navegar sin identificarse permite utilizar seudónimos y expresar opiniones políticas o desacuerdos sin exponerse a represalias. Entonces, la identificación de menores puede convertirse en un sistema de registro de todas las personas usuarias de internet.
Otra opción sería que las plataformas infieran la edad a partir del comportamiento de los usuarios, pero esto implicaría recopilar y analizar más datos personales y ampliar la vigilancia corporativa sobre la conducta de las personas.
En España se ha planteado una billetera digital que permita confirmar si alguien es mayor de edad sin revelar su identidad. Sin embargo, en el Perú muchas familias comparten un teléfono entre tres o cuatro personas, lo que plantea dificultades para aplicar este mecanismo. Por eso, verificar la edad sin afectar la privacidad y la intimidad es un problema complejo.
Más allá de las prohibiciones, ¿qué medidas se necesitan para prevenir la violencia digital y proteger a niñas, niños y adolescentes?
Así como se promueve que los padres acompañen a sus hijos cuando salen al parque, también debería generarse conciencia sobre la necesidad de acompañarlos en los entornos digitales. Esto no significa vigilar de manera intrusiva ni desconocer la privacidad de los menores, sino orientarlos de forma responsable e informada sobre los riesgos, las medidas de prevención y las formas de protegerse.
Además, deben tener la confianza de acudir a sus padres, cuidadores o profesores si enfrentan una situación de riesgo. La prevención requiere sensibilización y el desarrollo de habilidades digitales tanto en los adultos como en niñas, niños y adolescentes.
¿Qué pueden hacer la sociedad civil y las familias para acompañar este proceso?
La sociedad civil suele cubrir vacíos cuando el Estado no brinda suficiente información por falta de presupuesto, previsión o acuerdos de política pública. Puede acercar información a las familias para que los menores accedan de manera segura al entorno digital, conozcan los riesgos y puedan conversar sobre ellos con personas de confianza.
Las familias cumplen un papel fundamental al ofrecer apoyo y confianza. Como ocurre con la educación sexual y otros aspectos del desarrollo, niñas, niños y adolescentes deben poder acercarse a una persona adulta cuando tengan dudas, miedo o curiosidad, y recibir orientación. La prohibición, en cambio, puede alejar el diálogo; es difícil conversar abiertamente sobre algo que está prohibido.
¿El liderazgo de esta tarea debería estar en manos del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital?
Sí. La Secretaría lidera la transformación digital y debería encabezar también este trabajo, en coordinación con el Ministerio de Educación para capacitar a docentes y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para acompañar a las familias.
Sin embargo, en el Perú la Secretaría no cuenta necesariamente con la autonomía ni el presupuesto que requiere una entidad responsable de liderar la transformación digital del Estado, entendida como la articulación entre gobiernos, empresas y sociedad civil. Para impulsar una transformación digital responsable, necesita recursos y capacidad de decisión, además del apoyo de los ministerios competentes.
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