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Editorial


N°295: TRATA DE PERSONAS Y CRIMINALIDAD: SE NECESITAN ACCIONES URGENTES

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N°294: LOS DESAFÍOS EN MADRE DE DIOS

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N°293: LOS NUEVOS DESAFÍOS FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS

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La seguridad digital debe garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin excluirlos de Internet. Para lograrlo, el Estado, las plataformas y la sociedad deben asumir responsabilidades compartidas y construir entornos seguros e inclusivos.

La protección de víctimas de trata debe garantizar recuperación, restitución de derechos y condiciones para construir un proyecto de vida libre de violencia. ¿Los servicios de acogida del Estado están cumpliendo realmente ese propósito?

Fiscalización, presupuesto y prevención son tareas que las nuevas autoridades locales y regionales no pueden dejar de lado. La ciudadanía también tiene un papel clave: informarse, vigilar la gestión pública y exigir resultados.

La trata de personas no empieza con la captación. Comienza donde la violencia, la desigualdad y la falta de protección encuentran espacio para crecer. En esta edición reflexionamos sobre la urgencia de enfrentar sus causas y no solo sus consecuencias.

La lucha contra la explotación humana y el crimen organizado exige mucho más que medidas punitivas; requiere fortalecer las instituciones, proteger los derechos humanos y colocar la dignidad de las personas en el centro de la acción del Estado.

Los videojuegos se han convertido en peligrosos escenarios de captación y explotación sexual. Frente a ello, urge fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital.

Las cifras de personas desaparecidas siguen en aumento y más de la mitad de los casos involucran a niñas, niños y adolescentes. La situación exige acciones urgentes del Estado.

Tras un proceso electoral marcado por la incertidumbre, la agenda de derechos de las mujeres vuelve a quedar relegada. El reto es claro: sin voluntad real para enfrentar la desigualdad estructural, no hay democracia posible.

A puertas de las elecciones, predominan entre los candidatos discursos de “mano dura”, pero sin las reformas legales de fondo que se necesitan para enfrentar el crimen y proteger los derechos humanos.

En un contexto de creciente inseguridad y explotación, los planes de gobierno prometen respuestas drásticas y reformas profundas. Sin embargo, el análisis del presupuesto público revela una brecha crítica entre el discurso político y la capacidad real del Estado para proteger derechos y enfrentar el crimen organizado.