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Crimen organizado


La trata de personas no empieza con la captación. Comienza donde la violencia, la desigualdad y la falta de protección encuentran espacio para crecer. En esta edición reflexionamos sobre la urgencia de enfrentar sus causas y no solo sus consecuencias.

La lucha contra la explotación humana y el crimen organizado exige mucho más que medidas punitivas; requiere fortalecer las instituciones, proteger los derechos humanos y colocar la dignidad de las personas en el centro de la acción del Estado.

A puertas de las elecciones, predominan entre los candidatos discursos de “mano dura”, pero sin las reformas legales de fondo que se necesitan para enfrentar el crimen y proteger los derechos humanos.

En un contexto de creciente inseguridad y explotación, los planes de gobierno prometen respuestas drásticas y reformas profundas. Sin embargo, el análisis del presupuesto público revela una brecha crítica entre el discurso político y la capacidad real del Estado para proteger derechos y enfrentar el crimen organizado.

El 2025 cierra en el Perú con una crisis política profunda, marcada por la inestabilidad en el Ejecutivo y el Legislativo, el debilitamiento de las instituciones y una creciente desconfianza ciudadana, en un contexto donde la crisis de seguridad ha dejado de ser solo un problema de orden público.

En la consulta, se identificaron acciones prioritarias ante el aumento de los flujos migratorios y el avance del crimen organizado.