La discusión sobre cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en Internet suele plantearse desde una pregunta urgente: ¿cómo evitar que estén expuestos a la violencia en los entornos digitales? Sin embargo, hay otra pregunta que no podemos dejar de lado: ¿quiénes deben asumir la responsabilidad de garantizar que esos entornos sean seguros? Si concentramos la respuesta únicamente en las familias o en la capacidad de autocuidado de las y los adolescentes, corremos el riesgo de trasladarles una responsabilidad que corresponde también al Estado, las plataformas digitales y la sociedad en su conjunto.
Desde distintas experiencias, coincidimos en que construir entornos digitales seguros requiere superar una visión limitada de la prevención. No basta con enseñar a reconocer los riesgos: necesitamos transformar las condiciones que permiten que la violencia ocurra, garantizar respuestas oportunas y reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad para participar en las decisiones que afectan sus vidas.
Seguridad digital sin restringir derechos
La Observación general núm. 25 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recuerda que los derechos de la niñez también deben garantizarse en el entorno digital. Esto implica reconocer que Internet no es solamente un espacio de exposición a riesgos, sino también un lugar para aprender, expresarse, participar, construir vínculos y ejercer ciudadanía. Por eso, las respuestas frente a la violencia digital deben evitar una falsa dicotomía entre protección y libertad. Proteger a niñas, niños y adolescentes no significa excluirlos de los espacios digitales, sino garantizar las condiciones para que puedan habitarlos de manera segura y ejercer sus derechos.
Este debate adquiere especial relevancia ante las propuestas legislativas que buscan establecer restricciones de edad para el uso de redes sociales. Aunque la preocupación por los riesgos digitales es legítima, cualquier medida debe evaluarse considerando su efectividad, proporcionalidad y capacidad de proteger sin generar nuevas barreras de acceso. Una restricción etaria, por sí sola, no elimina las dinámicas de violencia ni resuelve las fallas de diseño, moderación y respuesta de las plataformas.
La pregunta, entonces, no debería ser únicamente a qué edad se permite abrir una cuenta, sino qué obligaciones deben cumplir las empresas tecnológicas para prevenir daños, proteger la privacidad y ofrecer mecanismos accesibles de denuncia y atención. La seguridad desde el diseño (Safety by Design) debe formar parte de esta discusión: la protección no puede incorporarse como una respuesta tardía cuando el daño ya ocurrió.
De la prevención individual a la responsabilidad compartida
En el Perú, las estrategias de prevención deben articularse con políticas públicas, servicios de protección y mecanismos de participación que permitan responder a las distintas formas de violencia en línea. Esto exige fortalecer la coordinación entre el Estado, la sociedad civil, las plataformas digitales, las familias, las instituciones educativas y los propios adolescentes.
Desde CHS Alternativo, el trabajo desarrollado en Loreto nos ha permitido reconocer el valor de construir respuestas desde los territorios. A través de procesos de formación, participación adolescente y desarrollo de herramientas digitales, buscamos que las y los adolescentes cuenten con recursos para identificar situaciones de riesgo, tomar decisiones informadas y conocer dónde acudir cuando necesitan ayuda.
La experiencia también demuestra que la participación no debe limitarse a consultar a las y los adolescentes al final de una intervención. Sus experiencias y propuestas deben incorporarse desde el diseño de las estrategias. La creación de aplicaciones y videojuegos con participación adolescente es una muestra de cómo pueden contribuir activamente a desarrollar soluciones pertinentes para sus propias realidades.
En ese camino, los Consejos Consultivos y Participativos de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) pueden cumplir un papel importante para dar continuidad a estos procesos, fortalecer la interlocución con las autoridades y contribuir a que las políticas públicas incorporen las perspectivas de quienes utilizan estos espacios digitales cotidianamente.
No existe una única realidad digital
Hablar de seguridad digital desde Lima, una capital regional amazónica o una comunidad indígena supone reconocer condiciones muy diferentes de conectividad, acceso a información, alfabetización digital y disponibilidad de servicios de protección.
En Loreto, las brechas territoriales plantean un desafío adicional: no basta con promover el acceso a Internet si no se garantizan, al mismo tiempo, las capacidades para utilizarlo de manera informada y segura, ni existen respuestas institucionales accesibles cuando se vulneran derechos. La conectividad, por sí sola, no constituye inclusión digital.
Por ello, las políticas de prevención de la violencia digital deben incorporar una perspectiva territorial e intercultural. Esto implica adaptar las herramientas educativas a los contextos locales, fortalecer las capacidades de los actores comunitarios y garantizar que las rutas de orientación y atención sean conocidas, accesibles y pertinentes para niñas, niños y adolescentes de distintos entornos. Las experiencias de las comunidades amazónicas deben formar parte de la agenda pública, no como casos excepcionales, sino como una fuente de conocimiento para diseñar políticas más inclusivas y efectivas.
Proteger también significa escuchar y responder
El desafío es construir un sistema en el que la prevención, la detección, la atención y la protección funcionen de manera articulada. Esto requiere recursos, responsabilidades claramente definidas, coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento que permitan conocer qué funciona y qué necesita mejorar.
El Foro de Gobernanza de Internet del Perú 2026 permitió poner estas cuestiones en diálogo y recordar que la gobernanza digital no puede construirse al margen de las desigualdades sociales y territoriales. La participación de adolescentes, la responsabilidad de las plataformas y el fortalecimiento de las instituciones no son agendas separadas: son condiciones complementarias para garantizar derechos.
Una Internet segura no es aquella de la que niñas, niños y adolescentes deben mantenerse alejados, sino aquella en la que pueden participar, aprender y expresarse sin que la violencia sea el costo de su inclusión. Para construirla, debemos dejar de preguntar solamente cómo protegemos a quienes están en Internet y comenzar a exigir qué deben hacer quienes tienen la responsabilidad de garantizar sus derechos.
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